En el marco de una jornada de fiscalización realizada este viernes 25 de julio, la Municipalidad de San Antonio, a través de su Dirección de Seguridad Pública, llevó a cabo un operativo conjunto con Carabineros y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para combatir el comercio informal y verificar el cumplimiento de las normativas tributarias en el ingreso a la comuna.

El procedimiento se desarrolló en calle Balmaceda y en Puente Arévalo, accesos principales a San Antonio, donde se realizaron 47 controles de vehículos destinados al transporte de carga para verificar si los conductores contaban o no con documentación que acreditara el origen legal de los productos, como facturas, boletas o guías de despacho. Los controles arrojaron ocho infracciones, de acuerdo a información entregada por Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública.

En tanto, SII fiscalizó veinte vehículos y cursó un total de  tres infracciones por no contar con la documentación necesaria para el traslado.

Cristian Fuentealba, director de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Antonio señaló que “a través de las distintas gestiones que se realizan en el marco del Consejo de Seguridad, invitamos al Servicio de Impuestos Internos debido a que, comúnmente, vendedores no autorizados que circulan por el centro de San Antonio no mantienen documentación tributaria”.

Fuentealba destacó además el compromiso del municipio y valoró el trabajo conjunto con Carabineros y el SII. “Hay un tremendo compromiso y agradecemos el trabajo conjunto y profesional”, añadió.

Por su parte, Rodrigo Ramírez, funcionario del Servicio de Impuestos Internos explicó que “como SII tenemos el deber del cumplimiento tributario en terreno, en base al artículo 97 del Código Tributario, numerales 10 y 17, que nos faculta para fiscalizar todo medio de transporte y verificar que cumplan con los requisitos legales. Si no cuentan con la documentación correspondiente, se cursan las infracciones respectivas”.

 Finalmente, la jornada forma parte de un plan coordinado para enfrentar el comercio informal y proteger tanto a los consumidores como a los comerciantes establecidos, promoviendo una economía local formal y segura.