A las 7.00 de la mañana de este lunes 12 de enero comenzó el despliegue de la primera etapa del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio. El operativo, que se extenderá por aproximadamente tres días, se ejecuta en cumplimiento de una orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En esta fase inicial, como se ha señalado previamente, el procedimiento contempla las parcelas 11, 13 y 15 del sector, donde cerca de diez mil familias deben abandonar voluntariamente los terrenos. Se trata de un proceso acotado y segmentado, que no involucra la totalidad del cerro Centinela.

El alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, explicó que el inicio del operativo se ha desarrollado conforme a lo planificado por las instituciones involucradas. “De acuerdo con lo mandatado por la Corte y a la coordinación realizada con la Delegación Regional Presidencial, la Delegación Provincial, Carabineros, la Municipalidad de San Antonio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hoy se ha dado inicio oficial al proceso de desalojo, comenzando por la parcela 11”, señaló.

En ese primer punto intervenido, añadió, no fue necesario recurrir a medidas de fuerza. “Las personas que fueron previamente notificadas desalojaron el espacio de manera oportuna, por lo que hoy no hay ocupantes en la parcela 11, que se encuentra completamente desocupada”, afirmó.

Vera Castro indicó además que, hasta ahora, el desarrollo del procedimiento ha sido mayoritariamente normal. “El proceso se está llevando a cabo sin mayores contratiempos. Se han registrado algunas barricadas, pero son menores y no han alterado el desarrollo del operativo”, sostuvo, al tiempo que recalcó que “se han adoptado todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad y la tranquilidad de la comunidad”.

Respecto del alcance del desalojo, el jefe comunal subrayó que este no afecta a la totalidad de los habitantes del cerro Centinela. “No se está desalojando todo el cerro. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició un proceso de expropiación de cerca de 100 hectáreas, dentro del cual existe un número importante de ocupantes que están siendo evaluados a través de cooperativas habitacionales cerradas”, explicó. En ese contexto, precisó que el proceso actualmente en curso involucra aproximadamente a 498 familias, correspondientes a parcelas específicas.

Como parte del dispositivo de apoyo, el municipio habilitó un albergue temporal en el gimnasio del Colegio España, ubicado en el sector de Llolleo, en avenida General Baquedano, destinado a las personas que requieran alojamiento transitorio. El jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Antonio, Esteban Hinojosa Huencho, señaló que el trabajo municipal se ha desplegado con antelación y de manera coordinada.

“Este es un proceso que se viene desarrollando desde hace más de dos años, con distintas instancias judiciales tanto con los propietarios de los terrenos como con las personas que los habitan”, indicó. Añadió que, desde el área social del municipio, se ha tomado contacto directo con las familias potencialmente afectadas. “Se ha llamado telefónicamente a las familias de al menos dos parcelas para ofrecer el albergue en caso de ser necesario, bajo las condiciones establecidas por el municipio. Hasta el momento no se han registrado personas albergadas ni manifestaciones de interés por utilizar estas dependencias”, afirmó.

Hinojosa destacó además la coordinación interinstitucional que ha acompañado el inicio del operativo. “Desde la semana pasada se han desarrollado reuniones de la mesa social, de gestión de riesgos y de la mesa técnica. Hay equipos municipales desplegados en terreno, junto a Bomberos y Carabineros, para enfrentar cualquier eventualidad que pueda producirse durante el desalojo”, señaló.

Desde el Gobierno, en tanto, se informó que las familias fueron notificadas oportunamente del procedimiento y que en los últimos días ya se habían registrado desalojos voluntarios en algunos sectores del cerro. No obstante, se precisó que Carabineros cuenta con las facultades legales para hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, con el fin de dar cumplimiento al mandato judicial.